La cuarentena ocasionada por la pandemia se convirtió en otro obstáculo para las mujeres que buscan Abortar en México, el cual en sí mismo es un proceso complejo debido a la falta de acceso a servicios legales fuera de la capital del país y del estado de Oaxaca.
Tomar la decisión de la interrupción del embarazo conlleva dudas, falta de información y acompañamiento, además de actos de discriminación y ataques por parte de familiares y desconocidos que reprueban el aborto inducido. En el contexto de la pandemia, el proceso se ha dificultado por las medidas sanitarias de confinamiento y restricción, especialmente para las mujeres que tienen que viajar desde ciudades como Puebla, Guadalajara, Veracruz, Monterrey, Tijuana, entre otras donde la interrupción voluntaria del embarazo no es legal.
Las clínicas de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de la Ciudad de México dejaron de recibir de un 40% a un 50% de mujeres, ante la falta de transporte y por el miedo de salir a la calle; otras tuvieron que acudir a solicitar el servicio hasta con 10 semanas de gestación, siendo lo recomendable acudir entre las cinco y ocho semanas, si bien el procedimiento se puede realizar hasta la semana doce.
Las mujeres indicaron haber tenido problemas para acudir a las clínicas: falta de vuelos o corridas de autobús, multas por el Hoy No Circula al viajar en su auto, consultorios médicos cerrados, entre otras situaciones. Si bien las solicitudes de ILE disminuyeron, las consultas telefónicas se incrementaron un 20%, ya que durante el confinamiento muchas personas no tuvieron acceso a preservativos y otros anticonceptivos y, dada la crisis económica inminente, se prevé un incremento de solicitudes de ILE en los próximos meses.
Además de la falta de acceso a los servicios profesionales de aspiración manual uterina, que deben realizarse en una clínica profesional, los medicamentos utilizados para el aborto con pastilla han estado limitados, incrementando la dificultad de realizarse una interrupción segura desde casa.
De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), durante la pandemia se ha vivido un retroceso de 40 años en América Latina respecto al acceso a anticonceptivos en el sector público, que es donde el 56% de las mujeres latinoamericanas los consiguen, y dicho organismo estima que 17.2 millones de mujeres tiene problemas de acceso a los anticonceptivos, por lo que están dejando de protegerse.
El acceso a la ILE es un derecho que no decae durante la pandemia por COVID-19: hoy más que nunca es necesario el acceso a los servicios de salud para obtener una interrupción segura, libre de discriminación y sin riesgo de contagio de la enfermedad.
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